Hace poco se hizo pública la
denuncia del abuso sexual a 14 menores en un jardín Buen Comienzo de la comuna
2 en Medellín, el sábado 3 de julio hubo una marcha de antorchas para denunciar
no solo este hecho, sino también la violación de una menor de 15 años a manos
del ESMAD, no voy a entrar en los detalles de ambos hechos, no es necesario
apelar a tal atrocidad para ilustrar el punto que
pretendo mostrar en esta columna, para eso hablan mejor las cifras, que
bastando con ser buscadas en Google, se hayan en una plétora de artículos al
respecto, alarmantes y coincidentes acerca de la recurrencia de tal aberrante
fenómeno. Todas concordantes en que el subregistro debe ser grande y más que
suficiente para comprender que como sociedad estamos fallando estrepitosamente
en proteger a los menores de edad.
El 2 de
diciembre de 2020, El Tiempo reportaba que entre enero y octubre de ese año, se
habían practicado unas 13 mil pruebas de presunto abuso sexual en menores,
aproximadamente unas 43 pruebas diarias; pese a que el país cuenta con
herramientas jurídicas para combatir este flagelo que van desde la ley 765/2002
que “aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de
los niños en la pornografía” hasta la resolución 6022/2010 que “aprueba el
lineamiento técnico para el programa especializado de atención a niños, niñas,
adolescentes víctimas de violencia sexual con sus derechos inobservados,
amenazados o vulnerados.” Pese a esto, los esfuerzos en el país aun son
insuficientes para combatir este flagelo, prueba de esto está el informe
técnico dado a conocer por la fiscalía en el mes de marzo del 2021 en
el que se detalla que 1181 menores habían sido abusados sexualmente en los dos
primeros meses del año y que Medellín continuaba como una de las ciudades con
mayor prevalencia de este delito junto con Bogotá y Cali. Es probable además
que el fenómeno se haya agravado durante el confinamiento y que los esfuerzos
en los que se había avanzado se vean perdidos dadas las consecuencias
económicas y sociales de la pandemia y del paro nacional.
Por ahora
las acciones adelantadas en Medellín evidencian un fallo en todo el protocolo
de atención y protección a menores en caso de abuso, son 14 menores abusados,
probablemente existan más y no es claro porque un auxiliar de cocina tiene
ocasión de hacer un daño tan profundo sin que las personas que deben estar al
cuidado de los niños se percaten, no es claro porque no se activó antes el
protocolo de atención y se notificó con mayor celeridad a Infancia y
Adolescencia para avanzar en el proceso de restablecimiento de
derechos, la tardanza en cerrar el Centro Buen Comienzo y la falta de claridad
sobre la necesaria revisión de los protocolos diseñados para proteger a los
niños y que evidentemente fallaron, es algo sobre lo que tampoco se ha
pronunciado la Alcaldía, además, como cereza de este amargo pastel, COOMULSAP
el operador no solo de la sede en la que se presentó el abuso, sino de 57 sedes
mas se enfrenta a la posibilidad de dejar de contratar por 5 años con el
estado, pírrica consecuencia para éste considerando la gravedad de lo sucedido.
El presunto abusador enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión, pero de
reparación a estas victimas y sus familias poco o nada se ha dicho, todo se ha
visto reducido a tibios comunicados condenando el hecho, como si el condenar
sin emprender revisiones, modificaciones y sin que aquellos que habiendo podido
hacer algo no lo hicieron asuman su responsabilidad, y si sirviera para algo,
devolviera en alguna medida la dignidad que le arrebataron a estos menores y
sus familias o ayudara a evitar que esto suceda en otras sedes de Buen
Comienzo.
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